Murcia: La Inspección Médica, interlocutora singular en el despunte de la pandemia

El relevante papel que los inspectores de servicios sanitarios desempeñaron en el inicio de la pandemia en general pasó bastante inadvertido para la opinión pública entre las figuras de los técnicos de salud pública, epidemiólogos, preventivistas y otros expertos que actuaron en los momentos más críticos de propagación de la covid-19.

En el caso de la región de Murcia fue una tarea especialmente intensa porque, más allá de las funciones de control que se especificaban en las disposiciones ministeriales, el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios (SICSES) participó también activamente en la organización y gestión de los primeros meses de pandemia con la intervención de 65 residencias de mayores públicas, privadas o concertadas, entre otras tareas.

“Esas funciones difieren de la desempeñada por los inspectores médicos en otras autonomías, donde se han disgregado por servicios de admisión o de calidad, o casi se limitan al control de la incapacidad temporal”, indica José Antonio Molina, jefe del SICSES y especialista en Salud Pública. Y es que la Inspección de la Región de Murcia mantiene características del antiguo Insalud en cuanto a control, gestión, organización sanitaria y desarrollo legislativo, además de la función habitual de investigación y facultades disciplinarias.

Durante la XI Jornada Técnica de la Asociación de Inspección de Servicios Sanitarios de la Región de Murcia (AISSRM) Molina ha querido reivindicar el valor de las “jornadas de trabajo ímprobas” realizadas por 16 inspectores y subinspectores médicos entre marzo y junio de 2020. Actuaron con precocidad para desarrollar la intervención en residencias, controlaron los brotes epidémicos junto con Salud Pública, en 6 residencias y 3 hospitales concertados. Evaluaron 9 centros de acogida (se produjo una crisis paralela de llegada de migrantes en pateras) y varios hoteles de descanso, así como los bloques quirúrgicos de 10 hospitales concertados, y se realizaron 6 inspecciones en casos de fraude de pruebas covid-19. También participaron en la elaboración del protocolo del Servicio de Medicina Preventiva Hospitalaria del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Coste real

Otra tarea fue la evaluación económica del coste real de los pacientes afectados por covid-19 en centros concertados del SMS (análisis coste/estancia). El resultado es de 154, 34 €/estancia por covid-19, “sustancialmente más bajo que el que se aplica en otras regiones”, según Molina, incluyendo el gasto medio real y la tasa de ganancia legal para las empresas.

Igualmente han elaborado la memoria para el procedimiento de concesión directa de subvención a los hospitales privados puestos a disposición del SMS que recogía el Decreto del 14 de marzo de 2020 (Estado de Alarma), tras analizar el lucro cesante de los centros concertados a los que se enviaban enfermos covid durante ese periodo. Aún continúa la fase de justificación de la subvención por parte de los centros beneficiarios.

“Con todo el despliegue de sus funciones y en colaboración con salud pública, la inspección tuvo un papel crucial al abordar múltiples facetas, ayudando también a facilitar el trabajo y la estancia de los profesionales, residentes, internados y hospitalizados durante los meses más agudos y críticos de la pandemia”, recalca José Carlos Vicente, inspector médico que en esa época ostentaba la Dirección General de Salud Pública y es actual vicepresidente de la AISSRM, opinando que además la Inspección “ha demostrado flexibilidad y capacidad adaptativa para seguir prestando y cumpliendo con sus responsabilidades habituales, aun en periodo de pandemia”.

Menor mortalidad en residencias

Aunque todas las organizaciones no sanitarias con servicios sanitarios integrados son competencia de la Inspección Médica (IM), hasta el 19 de junio no se dictó la resolución que imponía a los centros sociales el deber de colaborar con los inspectores para realizar pruebas, investigaciones y exámenes, tomar muestras o recoger la documentación necesaria para cumplir con la normativa de la covid-19. Cada inspector o subinspector se responsabilizó de 4 o 5 residencias desde el primer momento. “Hicimos encuestas previas, aún en mitad de la noche, dada la premura de la prevención en población vulnerable, y nos formamos en aspectos tan desconocidos para nosotros como manejar un equipo de protección (EPI)”, explica Leandro Llopis, inspector de IT. Aplicaron una guía de prevención y control frente a la covid-19 en residencias de mayores y otros centros residenciales de carácter social (marzo 2020) y a partir de mayo se hicieron cargo también de los centros de personas con discapacidad.

Las funciones de los inspectores incluían recibir y evaluar los planes de contingencia para detectar puntos débiles y poner en marcha las necesarias medidas correctoras. “La casuística fue muy amplia. Se valoraba individualmente a los residentes enfermos con tratamientos crónicos que tenían que desplazarse periódicamente al hospital, haciendo posible su seguimiento desde el centro de salud o incluso en la misma residencia si tenía servicios médicos. Según Llopis, también tuvieron que revisar las bajas indebidas de muchos trabajadores

Beatriz Sebastián, inspectora médica de ITSL y presidenta de la AISSRM, abunda en las numerosas actuaciones requeridas por la intervención de las residencias: periodicidad del contacto, evaluación y análisis de los planes de contingencia, actividades de apoyo, política de visitas, apoyo humano y las actividades de otra índole que iban surgiendo. “Empezamos a actuar junto con Salud Pública incluso antes de que hubiera protocolos porque por naturaleza somos la figura que podía estar ahí y que tenía infraestructura para hacerlo”, dice, recalcando que, sin conocerse entre ellos, el lenguaje y las intenciones comunes entre ambos servicios les llevaron a un rápido entendimiento.

Con las estadísticas en la mano, esta inspectora resalta que la mortalidad de la primera ola de covid en residencias fue “marcadamente inferior” durante la intervención de la IM, si se compara con la segunda ola (octubre y noviembre) donde ellos ya no eran los responsables. “Hay una gran diferencia entre ambas fases, pero atribuirnos el mérito no sería muy científico, aunque los datos están ahí. Hace falta un estudio de asociación/impacto para saber qué es lo que pasó, con el objetivo de estar preparados para proteger a la población vulnerable en futuras pandemias”.

María Bernal, jefa del Servicio de ITSL, explica cómo se adelantaron al conocido decreto del 14 de marzo de 2020 con un protocolo para establecer medidas excepcionales de incapacidad temporal por covid, en primer lugar para evaluar casos sin justificación clínica y reincorporar al personal, especialmente a trabajadores del SMS. “Tuvimos que adoptar medidas excepcionales a consecuencia de la crisis asistencial y, por primera vez, dar bajas no solo por criterios clínicos, sino también como medida preventiva para la salud pública”. También comenzaron a valorar las altas de las mutuas cuando los médicos de atención primaria no respondían, con la medida excepcional de “alta por inspección”, y sin necesidad de citar a los pacientes. Resolvían las incidencias de las IT y gestionaban las bajas hospitalarias, evitando la frecuentación no imprescindible de los centros asistenciales.

Manejar ingente cantidad de datos

“La inspección médica se convirtió en interlocutora de todos los implicados ante la ausencia de interoperabilidad entre consejerías, SMS, INSS y empresas aseguradoras”, señala, subrayando el apoyo humano que compartieron en todo momento con Salud Pública y el resto de organismos implicados. Con la nueva metodología se iniciaron 1.689 expedientes de trabajadores especialmente sensibles (solo se desestimaron 150) y se gestionaron 1.780 bajas de IT por coronavirus o por contactos estrechos. La última actuación destacada de la Inspección ha sido durante la expansión de la sexta ola de pandemia, para dar el alta a los casos diagnosticados de covid a los 7 días. Entre el 24 de enero y el 21 de marzo han sido 15.394 las bajas emitidas por los inspectores médicos.

Por su parte, María Teresa Clemente, inspectora médica del Servicio de Información al Ciudadano y Defensa del Usuario de los Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud, se encargó de mantener la coordinación estrecha con los servicios de atención al usuario y las gerencias de todas las áreas de salud para gestionar la accesibilidad y las demandas de información de los usuarios.

Se han enfrentado fundamentalmente a 3 retos: los recursos limitados, la brecha digital que afectaba a numerosos ciudadanos (se cerraron los registros y se dio preferencia a la atención telefónica) y el manejo de la ingente cantidad de datos que se producían a nivel asistencial, de salud pública y normativo. A ello había que sumar que las medidas anticovid cambiaban continuamente.

“Por un lado, se trataba de un trabajo informativo y, por otro, de gestión de derechos de los usuarios, principalmente atendiendo llamadas a través de diferentes teléfonos”. Clemente reconoce que llegaban a verse superados por la cantidad de donaciones que la gente quería hacer para paliar la escasez de material sanitario; el circuito de atención a personas vulnerables; la provisión de terapias respiratorias a domicilio; la difícil accesibilidad a los centros de salud de usuarios que enfermaban; la entrega a domicilio de medicamentos para pacientes trasplantados, con hepatitis o VIH, o pacientes crónicos que vivían solos; el trato con familiares de residentes en centros de mayores o de discapacitados (llamadas que atendía el inspector médico) y la gestión de hoteles para aislamiento de profesionales sanitarios. “Fue una tarea descomunal”, recalca Clemente. En dos años atendieron 65.971 llamadas.